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Recientemente, la Corte Suprema de Israel emitió un fallo histórico prohibiendo el profiling racial en los operativos policiales de identidad, se trató de una demanda presentada por minorías étnicas, como los judíos etíopes, para protegerse de la discriminación que sufren por parte de las autoridades. Sin embargo, esta decisión es tomada con pinzas por los también llamados Beta Israel, los judíos negros de Israel y que representan el 2% de la población.
Desde Tel Aviv y Ashkelon Actualmente, son unos 170 mil los judíos etíopes que viven en Israel. Llegaron en los años 80 siguiendo el sueño que habían alimentado sus ancestros, llegaron anhelando Jerusalén porque para ellos no existía el Estado de Israel ni sus fronteras sino solamente Jerusalén. Sin embargo, al llegar la realidad sería otra y el sueño de la Tierra prometida donde todos serían hermanos no tardaría en disolverse bajo expresiones de racismo y discriminación por parte de otros judíos. Rápidamente, los judíos etíopes entendieron que, en Israel, que era también su tierra y su único hogar, debían abrirse camino y empezar desde cero. Asi lo explica Dany Admasu, doctor en sociología, judío, etíope y también ciudadano israelí En Occidente hay este dicho acerca de la democracia, se dice que algún día va a llegar, pero, en ese momento del presente, no existe y nunca vas a estar allí cuando llegue. Sin embargo, esa esperanza te anima para que sigas haciendo lo que haces para mejorar la sociedad. Jerusalén era así. No era un lugar específico, pero desde niño yo sabía que era de allí. Pero cuando al llegar aquí te llaman «kushi», que es como decir negro - ni siquiera es llamar a alguien de piel oscura - es realmente Khushi, nigger. Muchas cosas fueron muy extrañas. Fue muy difícil como niño, pero sé que soy de aquí y no extraño ni tampoco deseo regresar a Etiopía En este camino, Dany Admasu se ha convertido en uno de los principales referentes científicos de la comunidad. Este 2026, Dani publicará su libro Negritud y judaísmo: la resistencia del judaísmo etíope. Cuatro décadas después de la llegada de los etíopes a esta tierra prometida, su libro será el primero de carácter científico publicado por un miembro de la misma comunidad. Cuarenta años después de su llegada a Israel, el camino de los judíos etíopes es uno cuesta arriba y saben que sus condiciones en tanto que comunidad afrodescendiente son bastante distintas a las de los judíos blancos de Israel. Racheli Makali, directora de la organización Empoderando mujeres etiopes, cuenta que ella, pese a haberse criado en Israel sufre la discriminación por ser etíope, es decir, por el color de su piel. No solo lo experimentó cuando le negaron alquilarle un departamento por ser etíope sino que es algo que ya sus hermanos y padres y familiares habían vivido. Sucede todo el tiempo… ahora y antes. Cuando mi hermano era chico y estaba aún en la escuela, un día quería comprarle un regalo a mi papá, tenía 200 o 300 shekels, unos 70 u 80 euros en el bolsillo, y un policía lo vio y lo detuvo ¿Por qué tienes tanta plata?, le dijo. En realidad, no era tanta plata y mi hermano no entendía por qué lo detenían, pero son cosas que pasan todo el tiempo. Los jóvenes etíopes no pueden sentarse en las bancas así como así en la noche en un barrio de blancos porque son vistos como sospechosos… Racheli tiene 43 años está casada y es madre de tres hijos. Ella emigró de Etiopía a Israel en 1991 para instalarse en Kiryat Malachi. Racheli cuenta que fundó su organización inspirada por el mensaje de su madre: “Hay que luchar contra el racismo accediendo a puestos clave. Solo así podremos tener un impacto, sin esperar a que otros cambien la realidad”. En 2020, Empoderando mujeres etíopes pasó de ser una asociación a una organización con una estructura jurídica, gracias a ella más de 250 pequeñas empresas han sido creadas por mujeres etíopes. El Harlem de Israel En Israel, los migrantes judíos, aquellos que llegaron a través de la aliyá, es de
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¿Cómo ha logrado Donald Trump rozar el récord de 51 mil inmigrantes detenidos en el mes de agosto y deportar a mil inmigrantes cada día, incluso a más de 25 mil a terceros países? ¿Quién se beneficia con la industria de detenciones y deportaciones? Reportaje realizado en el marco de Deportation Project, revelaciones sobre la maquinaria de expulsiones de la administración de Donald Trump. Una investigación de RFI y 25 medios del mundo, liderados por Forbidden Stories (Historias Prohibidas) Angélica Pérez, enviada especial a Estados Unidos y El Salvador “Nos trajeron esposados de manos y pies. Para ir al baño o comer, uno hacía como podía”, relata David Hernández. Es martes 12 de mayo y acaba de aterrizar en el aeropuerto internacional de El Salvador, tras soportar más de seis horas de vuelo junto a otros doscientos compatriotas deportados desde EE. UU. Semanas atrás, había sido arrestado en Dallas (Texas) por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el brazo armado de la política anti inmigración del presidente Donald Trump. La familia no supo de su paradero durante varios días hasta que lograron localizarlo a 800 kilómetros de distancia en el Centro de Detención del Oeste de Tennessee (Mason), una prisión federal gestionada por la mega empresa privada CoreCivic. Presionado por las condiciones del encierro y por los agentes de inmigración, optó por firmar su propia expulsión. David entró legalmente a EE. UU. en 2018 y tenía un permiso de trabajo vigente junto a un proceso de asilo abierto para regularizar su situación. Pese a ello, fue expulsado a El Salvador donde lo espera el régimen de excepción vigente desde 2022, un modelo de seguridad que Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian por sus detenciones masivas y arbitrarias, torturas y otros malos tratos en detención, desapariciones forzadas y violaciones al debido proceso. “Me pidieron firmar unos documentos, pero me negué. A medianoche me sacaron de un condado de Luisiana en Estados Unidos y me trasladaron a República Democrática del Congo (RDC). Como no podían devolverme a Colombia, buscaron un tercer país y me mandaron aquí, sin mi consentimiento ni autorización de un juez de inmigración”. Tras 25 horas de vuelo, amarrados de cintura, manos y pies, José Palencia y otros quince latinoamericanos aterrizaron en el aeropuerto de Ndjili, en Kinsasa, el 17 de abril de 2026. Llegaban expulsados por la administración de Donald Trump en virtud de un acuerdo opaco alcanzado con el gobierno de RDC para enviar al país africano a personas de otras nacioalidades deportadas por Estados Unidos. José había sido detenido por el ICE y enviado a una prisión en el estado de Luisiana a pesar de contar con la protección de la Convención contra la Tortura (CAT), alivio migratorio que prohíbe a un Estado expulsar, devolver o extraditar a una persona a otro país donde existan razones fundadas para creer que su vida o integridad correrían peligro.
El gobierno de Javier Milei apuesta al crecimiento impulsado por sectores primarios, como la minería y la energía, a los que busca incentivar con beneficios especiales. Pero la contracara es que otras áreas de la economía se paralizan o contraen y la histórica matriz productiva del país sufre un rediseño profundo, que ya impacta en la vida de los argentinos. En este Gran Reportaje de Radio France Internacional, nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, explora el tema. A unos 15 kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires la planta de neumáticos Fate está en silencio. Ya ni siquiera tiene el gran cartel con su nombre sobre la fachada, lo retiraron. Fate cerró en febrero de 2026, tras más de 80 años de operaciones en Argentina, argumentando que no podía sostenerse frente a la competencia de los neumáticos importados. "La verdad que, nada, fue un balde de agua fría, llegar y ver que estaban todos con candado, donde pusieron un cartel de que no podíamos entrar más", recuerda Pablo Olivera, que llevaba 12 años como operario en la fábrica. "Imaginate que yo tenía una vida de rutina organizada, donde todos los días mis hijos iban al colegio, yo llevo a mi nene, Joaquín, al más chico al club, a entrenar, como que todo eso se me desarmó y, bueno, obviamente que pasó esto", lamenta. Ahora está cobrando un fondo de desempleo de 300.000 pesos por mes, equivalentes a unos 200 dólares, una sexta parte de lo que ganaba en la fábrica. Desde el cierre, Pablo Olivera y varios de sus compañeros están acampando en la puerta de la planta. Justo al lado de la reja de la fábrica montaron una suerte de gran tienda de campaña, algunas carpas, y organizan comidas y hacen guardias. Piden ser reincorporados y aseguran que la fábrica puede seguir operando. Mientras dentro de la tienda de campaña se prepara el almuerzo, Pablo Olivera está sentado en un espacio donde antes había un alambrado, detrás de él están las grandes naves de la planta. "Yo digo, acá, justamente donde estamos nosotros, acá hay un alambre. Esto divide la fábrica de lo que es la parte de afuera, ¿no? Esto estaba todo, obviamente, estaba el alambre acá y cuando pasó todo, bueno, nosotros saltamos el alambre. Y yo digo que en mi vida hay un antes y un después de este alambre, donde yo, para mí, nunca pensé llegar a estar acá y menos en esta situación, obviamente", explica. Más de 30.000 empresas cerraron desde que Milei llegó al poder El caso de Fate, afectada especialmente por la apertura de las importaciones que decidió el gobierno, no es único. Desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei llegó al poder, hasta mayo de 2026, cerraron más de 30.000 empresas, un 6% del total del país. Entre los sectores con más pérdidas está el manufacturero que es, además, un importante generador de empleo. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, el empleo asalariado privado registrado se redujo en más de 240.000 trabajadores, según datos oficiales. La industria manufacturera fue en la que más puestos se perdieron: más de 85.000 empleados fabriles quedaron sin trabajo. Para el presidente Javier Milei, todo esto es parte de un proceso de destrucción creativa, que llevará a una transformación virtuosa de la economía argentina. Así lo dijo en un discurso que dio a fines de abril pasado. "La transición, ustedes están teniendo cambio tecnológico, están teniendo liberación de rendimientos crecientes, tienen cambio de precios relativos, va a haber reasignación de recursos. Va a haber sectores que les va a ir mejor y hay sectores que les va a ir peor. Los que se les va peor si no se adaptan, quiebran", advirtió entonces el presidente. Pero no todos leen el fenómeno de igual forma. "Que solamente estén cerrando los que no supieron adaptarse es falso", denuncia Guido Zack, director del área de economía del centro de pensamiento Fundar. "Hay algunos que tienen la eficiencia suficiente para competir, pero el modelo macroeconómico de estabilización que eligió el gobierno los saca d
José Emilio Canizales es uno de los prisioneros fallecidos bajo el régimen de excepción, tras ser deportados desde EE. UU. y detenidos en El Salvador. Esas personas murieron sin haber tenido un debido proceso ni recibir condena; sus vidas dependían por completo del Estado. Reportaje realizado en el marco de Deportation Project, revelaciones sobre la maquinaria de deportaciones de la administración de Donald Trump. Una investigación de RFI y 25 medios del mundo, liderados por Forbidden Stories (Historias Prohibidas) Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador —¿Aló? ¿Eres la hermana de José Emilio Canizales? — Sí —respondí, y yo pensé: “Me lo van a dar mañana, me van a decir que vaya a traerlo”. — Lamentamos informarte que acaba de fallecer. La voz al otro lado del teléfono le informó a Mónica que debía recoger el cuerpo de su hermano en la morgue de San Salvador, a dos horas de camino desde su casa en el cantón La Noria. — ¿Por qué? —pregunté. Y me cortaron. En el dictamen médico forense adscrito al Instituto de Medicina Legal de El Salvador reza que José Emilio Canizales Villalta murió en el Hospital Nacional San Rafael, en Santa Tecla La Libertad, el 30 de noviembre de 2023, “a raíz de un edema agudo de pulmón, causa preliminar sujeta a estudios complementarios”. Mónica no confía en el diagnóstico científico de la muerte de su hermano: “Mi hermano estaba enfermo de los riñones y no de los pulmones. Al menos me hubieran dicho que murió por insuficiencia renal; estaría más tranquila”. El hermano de Mónica fue deportado desde Estados Unidos y es uno de los más de 400 detenidos fallecidos bajo custodia del Estado salvadoreño durante los últimos cuatro años que el país ha permanecido bajo régimen de excepción. Cerca del 40 % de los casos se ha utilizado el edema pulmonar como causa genérica de la muerte, afirma René Valiente, director de investigación en Cristosal, la principal ONG humanitaria de El Salvador, que fue obligada recientemente al exilio. Valiente explica que, a veces, los médicos registran el edema pûlmonar solo como causa preliminar porque faltan estudios para determinarla de forma definitiva. “Hemos identificado casos en los que los restos de las personas presentan laceraciones en el cuerpo, señales inequívocas de tortura o de golpes que nos hacen pensar que no es del todo precisa esa causa de muerte”. Estos hallazgos concuerdan con los testimonios recabados por Cristosal de personas liberadas que denuncian la existencia de torturas en el sistema penitenciario salvadoreño. La responsabilidad del Estado José Emilio Canizales es uno de los cinco casos documentados por Cristosal de salvadoreños deportados desde EE. UU., capturados al aterrizar en el aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y fallecidos en las cárceles en medio de la opacidad que caracteriza al régimen de excepción. “Las familias no saben ni siquiera de qué se les imputaba, ni en qué estado se encontraban los procesos, si es que había procesos, ni a cuáles tribunales acudir”, subraya Valiente. Sobre la muerte de José Emilio, el investigador resalta que los documentos oficiales dejan un registro de una muerte natural, pudiendo insinuar con ello que no es responsabilidad del Estado. “Sin embargo, la obligación del Estado es todavía mayor respecto de estas personas que son más vulnerables. Y el Estado sabe que han entrado al sistema penitenciario con enfermedades crónicas que requieren atención”, precisa. Detenido en aislamiento El 7 de agosto de 2023, tres meses antes de su muerte, José Emilio fue deportado desde Estados Unidos, pese a estar en proceso de solicitud de asilo. Mónica y su mamá fueron a recibirlo al aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero. Pero no pudieron reunirse con él. “Yo nunca había ido al aeropuerto. Lo primero que hice fue preguntar por mi hermano en la estación de policía y si iba a quedar detenido. Me aseguraron que no y me dijeron que siguiera el bus en el que iban todos los deportados p
Desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, 239 vuelos han aterrizado en El Salvador con nacionales deportados; una fuerza laboral que sostenía la economía nacional mediante el envío de remesas. ¿Qué les espera a su regreso?. Reportaje realizado en el marco de 'Deportation Project, revelaciones sobre la maquinaria de deportaciones de la administración de Donald Trump'. Investigación de RFI y otros 25 medios del mundo, bajo el liderazgo de Forbidden Stories (Historias Prohibidas). Por Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador La pobreza extrema de El Salvador es una de las principales causas por las que la población emigra del país. Según datos de la Cepal, ocho de cada diez personas de zonas rurales viven en pobreza multidimensional, privados de derechos básicos como salud, educación e ingresos dignos. El salario mínimo apenas alcanza los 400 dólares mensuales. Esta crisis social se ha amortiguado históricamente gracias a las remesas familiares que representan cerca del 26 % del Producto Interno Bruto (PIB). Desde su retorno a la Casa Blanca, Donald Trump ha lanzado una ofensiva destinada a cumplir su promesa de "llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes de la historia" . Para justificar sus políticas restrictivas y la ejecución de deportaciones masivas, el magnate que preside a EE. UU. utiliza un retórica deshumanizante y ruin: ha calificado a los inmigrantes indocumentados de criminales, violadores, asesinos, animales, alimañas, invasores, veneno para la sangre de la nación y... basura. Acorde con esta línea discursiva —señalada por Naciones Unidas y organizaciones de defensa de los derechos humanos—, cada martes y jueves aterrizan en el aeropuerto internacional de El Salvador aviones fletados desde Estados Unidos con cientos de expulsados a bordo. Inmediatamente, son trasladados en autobuses al Centro de Recepción al Migrante. Fuimos a su encuentro. Martes 12 de mayo de 2026, colonia La Chacra, San Salvador “A mi hijo David lo agarraron cuando iba al trabajo en Dallas (Texas) hace tres semanas. Pasamos varios días sin saber nada de él hasta que mi hija logró localizarlo en los registros de una prisión en Tennessee. Anoche, por fin pudo comunicarse con ella y le avisó que a las tres de la madrugada los iban a llevar al aeropuerto para deportarlos aquí, a El Salvador”. Desde hace varias horas, María Campos, la madre de David Hernández, aguarda de pie y bajo un sol infernal frente al portal del Centro de Atención al Migrante, en la colonia La Chacra de la capital salvadoreña. A su lado, decenas de familias de zonas rurales empobrecidas esperan a un pariente deportado desde EE.UU., en medio de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump quien ha fijado a las autoridades migratorias la cifra de un millón de expulsiones de inmigrantes al año. Los martes y los jueves aterrizan en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero aviones con cientos de estos salvadoreños: un total de 5.031 en el primer trimestre de 2026, según cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador. La inmensa mayoría de estas personas eran obreros en EE. UU., cuyo envío de remesas representa entre el 24 % y el 26 % del PIB del país centroamericano. Han sido arrestados y apresados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el brazo armado de la política antinmigrante de Trump. La razón: entrar y permanecer en el país en situación irregular que es una falta administrativa, no un delito del orden de lo penal. “Los tratan como criminales solo por el hecho de haber cruzado la frontera sin el permiso”, dice María y aclara, enseguida, que ese no fue su caso porque ella, sus dos hijos y sus nietos entraron a Estados Unidos con Estatus legal. "Entramos con permiso" “No fuimos en la época en que salían las caravanas de emigrantes, en el 2018. Pedimos el asilo en Tijuana, nos dieron un número para tramitar el proceso y entramos de manera regular. Ya en Estados Unidos nos dieron el per
Radio Francia Internacional estrena los reportajes de "Deportation Project", una investigación realizada en EE. UU. y El Salvador sobre la maquinaria de expulsiones de la administración Trump. La serie inicia con el caso más emblemático, masivo, controvertido y punta de lanza de deportaciones a un tercer país. Este trabajo se enmarca en un proyecto en el que participan 26 medios del mundo liderados por Forbidden Stories (Historias Prohibidas). Te lo contamos en un serie de tres podcasts. Por Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador La historia de Glenda y Karen es la de dos mujeres salvadoreñas convertidas en sabuesos tras el rastro de sus respectivos hermanos deportados desde Estados Unidos. También es una historia de desaparición forzada y secuestro estatal. "Mi hermano está desaparecido. Tiene más de un año detenido sin un proceso legal. Quisiéramos tener una constancia de que está bien porque no podemos seguir con la incertidumbre de no saber nada de él”, afirma Glenda. “Ha sido deportado hace más de un año y hasta la fecha no nos han querido aclarar su paradero. No hay registro suyo en la Fiscalía. Para nosotros es una desaparición forzada. Es como si no existieran acá en El Salvador”, replica Karen. No existen, pero sí aterrizaron en San Salvador entre marzo y abril de 2025, a bordo de los vuelos militares que la administración Trump envió con 252 venezolanos y un número indeterminado de salvadoreños acusados por ambos gobiernos de ser criminales peligrosos. A partir de ese momento, se pierde el rastro de Elmer Concepción Romero Yanes, hermano de Glenda, y de Kevin Rolando Barrera Torres, hermano de Karen. Leer tambiénForbidden Stories: La investigación sobre la red mundial tejida por EE.UU. para organizar expulsiones masivas Los traslados se realizaron en tres fechas: el 15 y 30 de marzo, y el 12 de abril. "Lamentablemente, a diferencia del caso de los venezolanos, con los salvadoreños nunca se dio una cifra exacta ni información oficial. Supimos de ellos primero por una nota de la Casa Blanca, después por un tuit y luego a través de los medios de comunicación”, explica Nathaly Cotrino, investigadora sénior de Human Rights Watch. Glenda y su familia supieron que Elmer estaba en el país a través de un video en el que la presidencia de El Salvador promocionaba la llegada de los vuelos militares con supuestos pandilleros deportados desde Estados Unidos. “Gracias a Dios que pudimos reconocerlo en el video. Él es el último que aparece cuando lo bajan del avión y lo suben a un bus. Mi hermano venía en el segundo vuelo que aterrizó el 31 de marzo de 2025. Además, él había hablado con una tía que vive en los Estados Unidos y le había dicho que lo iban a retornar al país, que le mandara ropa. La tía pudo reconocer que la ropa que ella le envió es la que trae puesta. Eso es lo único que nos ha mantenido con la esperanza de que lo vimos y de que sí vino al país”, dice Glenda. Tras presentar la denuncia por desaparición y acudir a las instituciones competentes, Karen tuvo la certeza del arribo de su hermano Kevin a El Salvador.